La repentina clausura de la planta de televisión fue considerada como persecución y represalia gubernamental, además de abuso y atentado contra la libertad de expresión por tratarse de un medio que difundió las protestas de pobladores indígenas contra la privatización en junio pasado y por mantener una posición crítica frente al Gobierno de Alan García.

Este miércoles el presidente de Perú, Alan García, anuló la licencia de difusión de la televisora Radio Oriente, ubicada en Yurimaguas (norte del país), capital de la Provincia de Alto Amazonas, por haber informado la represión policial en la manifestación indígena del pasado 5 de junio en Bagua (noreste) y que dejó más de 40 personas muertas y un número aún no determinado de desaparecidos.

El mandatario peruano aplicó la medida aludiendo que la planta no había instalado equipos de transmisión al año siguiente de haber obtenido el permiso para operar.

El periodista y director del medio de comunicación, Geovanni Acate, aseguró que la emisora recibió el visto bueno para sus equipos en 2006 y fue confirmado en 2007.

El canal de televisión, cuyo director calificó la medida como una represalia gubernamental, mantenía una postura crítica al Gobierno del mandatario derechista.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso, Elizabeth León, exigirá al Ministerio de Transporte y Comunicaciones un documento sobre el decreto de anulación.

La responsable del organismo, señaló que esta acción es arbitraria y se trata de un hecho de persecución a la prensa que no corresponde con el discurso presidencial y demandó respeto a la libertad de expresión.

En tanto, la defensora del Pueblo, Beatríz Merino, exigió aclaratorias al respecto, así como el Instituto de Prensa y Sociedad que solicitó al Ministerio de Transporte y Comunicaciones la revisión de la medida.

La planta enfrenta un proceso judicial por la difusión que hiciera sobre las protestas de indígenas amazónicos de no privatización.

El pasado 5 de junio las protestas de los nativos peruanos llegaron a su punto más álgido cuando las autoridades peruanas reprimieron a los nativos en Bagua, en la zona conocida como la Curva del Diablo.

Estos hechos dejaron una cifra de más de 40 personas muertas y un número aún no determinado de desaparecidos.

Otra de las acciones del Gobierno peruano fue la suspensión por 120 días de 7 congresistas que apoyaron a los nativos, mientras otros once fueron sancionados.

Roberto Pereira, abogado experto en casos sobre medios de difusión, tildó de abuso y atentado contra la libertad de expresión la clausura de Radio Oriente.

FUENTE: Telesur

 

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