Nueva estratagema. Mediante una solicitud de disolución de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) presentada por la Procuradoría Pública del Ministerio de Justicia, el gobierno intenta remplazar a la actual dirigencia por otra que pueda controlar. La denuncia ha sido solicitada a la Fiscal de la Nación por “bloquear carreteras, llamar a la población a la insurgencia y haciendo apología de delitos”, lo que, según el MINJUS, se contradice con los fines de su organización. El pedido se efectuó invocando el artículo 96 del Código Civil, que señala que se puede “solicitar la disolución de una asociación cuyas actividades sean o resulten contrarias al orden público”.

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